El presidente Luis Abinader promulgó este miércoles la Ley 25-26, que crea el Sistema Nacional de Alertas RD, una plataforma destinada a fortalecer y agilizar la búsqueda de personas desaparecidas en República Dominicana, especialmente menores de edad y ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.
La nueva legislación establece mecanismos de coordinación entre instituciones del Estado, organismos de seguridad, medios de comunicación y plataformas digitales para difundir de manera rápida información sobre desapariciones y facilitar la localización de las personas reportadas.
De acuerdo con la Presidencia de la República, el sistema permitirá activar alertas oficiales a nivel nacional una vez las autoridades confirmen los casos, con el objetivo de acelerar las labores de búsqueda durante las primeras horas posteriores a una desaparición.
La normativa surge en medio de crecientes reclamos sociales para fortalecer los protocolos de respuesta ante reportes de personas desaparecidas y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades.
El Gobierno explicó que “Alertas RD” funcionará bajo criterios establecidos por las instituciones competentes, las cuales tendrán la responsabilidad de verificar la información antes de emitir las notificaciones públicas.
La iniciativa contempla además la colaboración de medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales para ampliar el alcance de las alertas y aumentar las probabilidades de localización.
Aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre la fecha exacta de entrada en funcionamiento del sistema, indicaron que en las próximas semanas se trabajará en los reglamentos y protocolos operativos necesarios para su implementación.
Diversos sectores sociales habían solicitado durante los últimos años la creación de un mecanismo nacional similar al sistema “Amber Alert” utilizado en Estados Unidos y otros países para la búsqueda rápida de menores desaparecidos.
Con la promulgación de la Ley 25-26, República Dominicana incorpora oficialmente un sistema especializado de respuesta ante desapariciones, considerado por organizaciones civiles como un paso importante en materia de protección ciudadana y seguridad pública.
