SANTO DOMINGO.- Hay una escena que se repite todos los días en miles de parcelas de República Dominicana. Antes de que salga el sol, un productor revisa el estado de sus cultivos. Camina entre hileras de tomates, ajíes, habichuelas o plátanos buscando señales que puedan arruinar meses de trabajo: hojas perforadas, manchas en los frutos, insectos que avanzan silenciosamente sobre la plantación o malezas que comienzan a ganar terreno. En cuestión de días, una plaga puede convertir una buena cosecha en una pérdida económica imposible de recuperar. Para evitarlo, muchos agricultores recurren a los plaguicidas.
Durante décadas, esos productos han sido una herramienta esencial para mantener la productividad del campo dominicano. Gracias a ellos, innumerables cultivos logran llegar a los mercados locales, abastecer hoteles, sostener exportaciones y garantizar alimentos para millones de personas. Sin embargo, la misma sustancia que protege una cosecha también puede convertirse en un riesgo cuando su uso escapa de las recomendaciones técnicas.
La discusión rara vez llega a las ciudades. Hasta que aparecen los casos de intoxicación.
En marzo de 2025, el Ministerio de Salud Pública informó que el país había registrado 40 casos de intoxicación aguda por plaguicidas durante las primeras nueve semanas epidemiológicas del año. El boletín reveló que casi la mitad de los casos ocurrió en San Francisco de Macorís y que una parte importante de las personas afectadas eran estudiantes de entre 10 y 19 años.
Según las autoridades sanitarias, los episodios estuvieron asociados a la deriva química provocada por fumigaciones realizadas en parcelas colindantes con centros educativos, lo que obligó a reforzar la vigilancia y revisar las medidas de seguridad, así como las distancias mínimas de aplicación. Aquella información pasó rápidamente por el ciclo noticioso, pero dejó una pregunta mucho más profunda: ¿está República Dominicana preparada para producir más alimentos reduciendo, al mismo tiempo, los riesgos asociados al uso de plaguicidas?
La respuesta todavía está en construcción.
El propio Ministerio de Salud Pública reconoce, en su Guía de diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones agudas por plaguicidas, que estas sustancias representan un problema de salud pública y admite que el país dispone de escasa evidencia epidemiológica para conocer con precisión la magnitud, la tendencia y la distribución de las intoxicaciones. Significa que, aunque existen sistemas de vigilancia y protocolos médicos para atender estos casos, aún persisten vacíos de información que dificultan comprender completamente el impacto sanitario de los plaguicidas.
La situación no responde a una única causa.
La agricultura dominicana enfrenta una presión permanente: el crecimiento de la población, la demanda del sector turístico y la necesidad de mantener competitivas las exportaciones obligan a proteger los cultivos frente a amenazas biológicas capaces de destruir una producción completa.
Para un pequeño agricultor, perder una cosecha no significa únicamente dejar de vender; puede representar la imposibilidad de pagar préstamos, comprar insumos para la próxima temporada o sostener el ingreso familiar. Esta realidad explica por qué los agroquímicos siguen ocupando un lugar central dentro del modelo agrícola nacional.
Pero esa es solo una parte de la historia. La otra comienza cuando estos productos se utilizan sin equipos de protección adecuados, se aplican cerca de viviendas, se almacenan incorrectamente o se violan los períodos de carencia antes de la cosecha. En esos escenarios, los riesgos alcanzan a los trabajadores agrícolas, las comunidades rurales y los ecosistemas que reciben la carga química de forma acumulativa.
El Ministerio de Medio Ambiente advierte en su guía de buenas prácticas para el uso y manejo de plaguicidas que estas sustancias deben emplearse únicamente cuando otras alternativas de manejo no sean suficientes. El documento señala que una aplicación inadecuada puede afectar la calidad del suelo, contaminar cuerpos de agua y perjudicar organismos beneficiosos como insectos polinizadores, además de representar un riesgo directo para la salud humana.
No se trata de un debate exclusivo de República Dominicana. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promueve desde hace años la reducción progresiva de los llamados plaguicidas altamente peligrosos y recomienda fortalecer el manejo integrado de plagas, una estrategia que combina prácticas agrícolas tradicionales, monitoreo técnico y control biológico para disminuir la dependencia química sin comprometer el rendimiento de las fincas.
Lo que ocurre en el contexto nacional tampoco puede analizarse de espaldas a una transformación que ya comenzó en los mercados internacionales, los cuales son cada vez más estrictos con la inocuidad de los alimentos y la presencia de residuos químicos en frutas y vegetales. Para un país que ha convertido las exportaciones agropecuarias en una de sus principales fuentes de divisas, las exigencias de socios comerciales como Estados Unidos o Europa representan un asunto de estricta competitividad. Cada contenedor que sale del puerto lleva consigo la reputación sanitaria de la República Dominicana.
Por esta razón, el debate ha dejado de ser exclusivamente ambiental para involucrar al comercio exterior, la innovación y el desarrollo económico. Es en esta intersección donde emergen los bioinsumos, un término que engloba fertilizantes orgánicos, microorganismos benéficos, hongos, bacterias y extractos naturales capaces de mejorar la salud del suelo o controlar plagas con un impacto ambiental considerablemente menor que los productos sintéticos.
Hace apenas unos años, la palabra resultaba desconocida fuera de los círculos técnicos. Hoy comienza a ocupar espacio en los planes de las autoridades, en universidades y entre pequeños emprendedores que buscan desarrollar alternativas biológicas locales. No se trata de una tendencia pasajera, sino de un mercado que empieza a abrirse ante la necesidad de diversificar la producción y reducir los costos de los insumos importados, los cuales se vuelven cada vez más caros.
República Dominicana ya comenzó a moverse en esa dirección. El Primer Foro Nacional de Bioinsumos, organizado por el Ministerio de Agricultura junto con la cooperación alemana GIZ, reunió a investigadores, productores, empresas y autoridades para discutir precisamente esta transición. El mensaje del encuentro fue claro: el futuro del sector dependerá de la capacidad de producir más utilizando menos insumos de alto impacto ambiental.
La transición hacia una agricultura menos dependiente de los plaguicidas tampoco avanza al ritmo que muchos especialistas consideran necesario. El principal obstáculo no siempre es tecnológico, sino económico. Para miles de pequeños productores, cada ciclo de siembra representa una inversión que pone en juego los ahorros familiares o créditos adquiridos para mantener la producción. En ese contexto, experimentar con alternativas que todavía no conocen o cuya disponibilidad comercial sigue siendo limitada puede percibirse como un riesgo demasiado alto.
Los bioinsumos, aunque muestran resultados prometedores en distintos cultivos y forman parte de las estrategias promovidas por organismos internacionales y por las propias autoridades dominicanas, aún enfrentan desafíos relacionados con su distribución, costos iniciales y asistencia técnica. Su aplicación requiere conocimientos específicos y, en muchos casos, una forma distinta de manejar el cultivo. Para un agricultor cuya prioridad inmediata es evitar que una plaga destruya la cosecha, la decisión suele inclinarse por soluciones que conoce y que han demostrado eficacia durante años.
Esa realidad ayuda a entender por qué la transición hacia modelos agrícolas más sostenibles no depende únicamente de la voluntad de los productores. Requiere investigación científica, incentivos públicos, acompañamiento técnico y un mercado capaz de facilitar el acceso a nuevas tecnologías sin trasladar todo el costo del cambio a quienes viven de la tierra. Más que reemplazar un producto por otro, el desafío consiste en construir un modelo productivo que permita mantener la rentabilidad del campo sin aumentar los riesgos para la salud y el medio ambiente.
Ese proceso necesita tiempo, inversión pública y, sobre todo, investigación científica. Uno de los hallazgos más llamativos es la convergencia institucional sobre la necesidad de transformar el modelo: mientras el Ministerio de Salud admite que se requiere más evidencia epidemiológica para medir las intoxicaciones, el Ministerio de Medio Ambiente insiste en fortalecer las buenas prácticas de aplicación y el Ministerio de Agricultura impulsa tecnologías alternativas. Las tres instituciones coinciden en que el contexto cambió. El cambio climático ha incrementado la presión sobre los cultivos, nuevas plagas aparecen con mayor frecuencia y los consumidores exigen alimentos más seguros.
Bajo este escenario, los bioinsumos se convierten en una oportunidad empresarial emergente. El desarrollo de microorganismos para mejorar los suelos, la fabricación local de fertilizantes biológicos y la asistencia técnica constituyen un nicho con amplio espacio para crecer en el país, explorado actualmente por universidades y pequeñas empresas.
La pregunta es si este crecimiento ocurrirá con la velocidad suficiente, porque cada temporada agrícola que transcurre sin fortalecer esa transición mantiene al país dependiendo de un modelo donde los plaguicidas continúan ocupando un lugar central. Esto no significa que los productos químicos deban desaparecer de inmediato; ningún especialista serio plantea una sustitución absoluta ni instantánea.
La agricultura moderna requiere herramientas eficaces para proteger las cosechas. El desafío consiste en utilizarlas bajo estrictos criterios técnicos, reforzar los sistemas de vigilancia, mejorar la capacitación de los aplicadores y ampliar, de manera progresiva, el acceso a alternativas más seguras.
Ese equilibrio será decisivo para el futuro del campo dominicano. Producir alimentos nunca ha sido una tarea sencilla; hoy lo es todavía menos. La diferencia es que, además de abastecer a millones de personas, la agricultura enfrenta una responsabilidad que hace apenas unas décadas ocupaba un lugar secundario: producir sin deteriorar el entorno que hace posible esa misma producción.
Mañana, antes de que vuelva a amanecer, miles de agricultores dominicanos recorrerán otra vez sus parcelas buscando señales de una nueva plaga. La decisión que tomen frente a un insecto, un hongo o una maleza parecerá, a simple vista, una elección individual para proteger su cosecha. En realidad, también ayuda a definir el tipo de agricultura que República Dominicana quiere construir durante las próximas décadas. Una agricultura que continúe dependiendo casi por completo de los plaguicidas o una capaz de incorporar nuevas tecnologías, fortalecer la investigación y producir alimentos con menos riesgos para quienes trabajan la tierra, para quienes viven cerca de los cultivos y para quienes, al final de la cadena, se sientan cada día alrededor de la mesa.
