SANTO DOMINGO.- A raíz de la puesta en marcha de la Operación Calamar el 19 de marzo de 2023, por parte del Ministerio Público (MP), luego de una investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Se ha puesto en evidencia un mal ejemplo que puede trascender generaciones. Erosionando el poco pudor que le queda a la juventud dominicana, y quizás de otros países, que incursiona en el ámbito político.
A saber, la Operación Calamar tiene como principales imputados al el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista y abogado Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Dentro del expediente presentado por el Ministerio Público, Lockward está acusado de pertenecer a un entramado que desfalcó y estafó al Estado Dominicano para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los años 2019 y 2020 y buscó enriquecerse de las arcas del Estado través de acciones delictivas.
El monto del que se habla en la Operación Calamar es de unos 19,000 millones de pesos para quienes no sabemos contar hasta esa cantidad, estamos hablando del dinero de hacerle una casa digna a más de 40 mil personas.
El día uno (Fecha en que lo apresaron) Lockward dijo: “El dinero que a mí me pagaron lo tengo y no he cometido ningún delito, que es un requerimiento previo para el lavado de activos, yo no le di dinero a Gonzalo para que vayamos estando claro, saben que yo me opuse al PLD durante ocho años y apoyé al presidente Luis Abinader”.
El día trece (fecha en que se llevó a declarar) Lockward decidió colaborar con el Ministerio Público y admitió su supuesta culpabilidad durante el conocimiento de la medida de coerción. A lo cual el Ministerio Público varió la medida de coerción (dejándolo libre de la prisión preventiva).
Y ante el hecho queda la sombría nube y la pregunta siguiente: ¿Basta con decir ante el Ministerio Público “Soy culpable y voy a colaborar” para que seas “perdonado” sin importar el delito cometido y el tamaño del mismo?
Si esto se asume, en ésta y futuras generaciones de jóvenes políticos, como una alternativa para actuar de manera corrupta y generar asociaciones delictivas en busca de enriquecimiento ilícito, serán fatales las consecuencias para el desarrollo del país.
Bajo esta premisa se puede considerar como un Mal Ejemplo transgeneracional el caso Lockward en Operación Calamar, donde quedan mal parado ante la sociedad dominicana el propio Ministerio Público. Sin omitir que los ciudadanos de “a pié” comentan que se dejó libre por haber dicho que entregó dinero al presidente constitucional de la República que, de ser así, el mal ejemplo es aún más grave.
