SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público mantiene firme la acusación en el proceso que sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás imputados contra los que presentó cargos por corrupción administrativa a partir del despliegue de la Operación Antipulpo.
El procurador adjunto Wilson Camacho, a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que “hasta ahora lo que se ha planteado de parte de la defensa de Juan Alexis Medina Sánchez simple y llanamente no ha sido relevante y no ha afectado en modo alguno la acusación del Ministerio Público”.
Camacho se refirió al tema al responder a los periodistas que lo abordaron al término de la audiencia en que el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continuó conociendo el expediente del Caso Antipulpo en fase preliminar, la cual continuará el próximo viernes 13 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana.
“La defensa de Juan Alexis Medina Sánchez se ha quedado en las ramas. Le ha huido como el diablo a la cruz a los grandes temas de esta acusación, por eso anda por la periferia, con temas… Primero, dedicándole grande tiempo a cuestiones filosóficas, cuestiones que, incluso, le fueron reclamadas en la medida de coerción por el juez Vargas (José Alejandro Vargas)”, dijo.
“Y no escucharon el consejo de Vargas y vienen a repetir cuestiones filosóficas que no tienen absolutamente nada que ver con el caso”, añadió.
“Les dedican tiempo a cuestiones como de competencia, a un juez que tiene aproximadamente un año apoderado de este proceso y vienen con cuestiones de pretender que se cambie el nombre a una operación como Antipulpo que tiene aproximadamente dos años de ejecutada”, indicó.
Subrayó que todo eso indica que la defensa del imputado está “huyendo a los hechos del proceso y andando por la periferia”. “Para esta defensa, el movimiento político Tornado Fuerza Vivas era como una especie de Junta de Vecinos para ellos”, dijo, al citar un solo ejemplo.
El titular de la Pepca sostuvo que “la cuestión es que no entran en el núcleo de la acusación; y sobre la cuestión de la nulidad, hay cosas de las que se plantean aquí que uno, incluso, se sorprende de que la tenga que escuchar a estas alturas del juego, que fueron simple y llanamente resuelta en la acusación y que todas las evidencias fueron entregadas en la acusación”.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
De Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
