SANTO DOMINGO.- La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la World Compliance Association, Capítulo República Dominicana (WCA-RD) suscribieron un acuerdo de colaboración que contempla desarrollar programas de formación y capacitación profesional en Compliance Penal, incluida la creación del primer programa de peritaje en esta materia diseñado de manera conjunta por ambas instituciones.
El acuerdo, firmado por Ángel Brito, director de la ENJ, y Tania de León, presidenta de la WCA-RD, establece que el programa será impartido con especialistas de la WCA-RD, la ENJ y profesores internacionales. También contempla formación en Compliance Penal para jueces, abogados, estudiantes de Derecho y la comunidad jurídica en general.
La iniciativa forma parte de un marco de cooperación que incluye cursos, diplomados, talleres y conferencias, además del intercambio de materiales didácticos y científicos, jurisprudencia y otras publicaciones. Las instituciones también podrán colaborar en trabajos de investigación y participar en actividades académicas relacionadas con sus respectivas áreas.
“Desde la Escuela Nacional de la Judicatura estaremos iniciando con el diseño conjunto. Este es un momento propicio para impulsar la formación de los jueces en el tema con el nuevo Código Penal y así dotar de conocimientos en la materia en el territorio”, afirmó Brito.
De León destacó el papel de los jueces en el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento normativo en el país, particularmente ante los cambios introducidos por el nuevo Código Penal.
“El juez es un actor esencial en este proceso de una cultura de Compliance en el país, sobre todo en el nuevo Código Penal, y como asociación tenemos el compromiso de acompañar en este nuevo contexto regulatorio”, señaló la presidenta de la WCA-RD.
Por su parte, Babaji Cruz Peñaló, secretario general de la WCA-RD, resaltó que el convenio permitirá ampliar el conocimiento especializado en Compliance entre los distintos operadores del sistema de justicia, mediante una formación que combine herramientas técnicas y experiencia académica.
“Esta iniciativa representa un componente fundamental para fortalecer sus capacidades técnicas y responder a los nuevos desafíos que plantea la aplicación del marco penal”, expresó.
El acuerdo también establece la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes de cada entidad para supervisar y evaluar el desarrollo de los estudios y programas.
