Cómo las motocicletas pasaron de ser una solución económica a convertirse en el centro de la crisis vial dominicana
SANTO DOMINGO.- En muchas calles de la República Dominicana, el sonido que domina el tránsito no es el de los automóviles, sino el de los motores.
Motocicletas que pasan entre los vehículos detenidos en un semáforo, conductores que avanzan por el borde de la carretera para evitar un tapón, pasajeros que suben y bajan rápidamente en esquinas y avenidas.
Para miles de dominicanos, el motor no es solo un medio de transporte. Es una herramienta de trabajo, una forma rápida de desplazarse por ciudades congestionadas y, en muchos casos, una de las pocas opciones de movilidad accesible.
Pero ese mismo vehículo se ha convertido también en el centro de uno de los problemas de seguridad pública más persistentes del país: los accidentes de tránsito.
Las estadísticas oficiales muestran que las motocicletas dominan hoy tanto el parque vehicular como las cifras de siniestralidad vial en la República Dominicana.
Un país donde las motos son mayoría
Según el Informe del Parque Vehicular 2024 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al cierre de ese año la República Dominicana tenía 6,194,052 vehículos registrados.
Más de la mitad son motocicletas.
Las cifras oficiales muestran que 3,531,967 unidades corresponden a motocicletas, lo que representa aproximadamente 57 % del total del parque vehicular del país.
El resto se distribuye entre:
- 1,157,870 automóviles
- 736,171 jeeps
- 548,382 vehículos de carga
- 139,043 autobuses
En otras palabras, uno de cada dos vehículos en el país es un motor.
El crecimiento continúa.
Solo en 2024 se registraron 384,916 vehículos nuevos o usados, un aumento de 11.5 % respecto al año anterior, según datos de la DGII.
El mayor incremento se registró precisamente en motocicletas.
De transporte económico a fenómeno social
Las motocicletas se expandieron en República Dominicana durante las últimas décadas como una solución económica para la movilidad.
Su precio es menor que el de un automóvil, consumen menos combustible y pueden moverse con facilidad en calles congestionadas.
En zonas urbanas y rurales, el motor también se convirtió en una fuente de empleo.
Los motoconchos, servicios informales de transporte en motocicleta, se multiplicaron en barrios, comunidades rurales y ciudades del país.
Para muchas personas, conducir un motor representa una forma rápida de generar ingresos.
Sin embargo, este crecimiento acelerado también ha traído consecuencias.
Las motos dominan las estadísticas de accidentes
Las cifras de seguridad vial muestran que las motocicletas aparecen de forma desproporcionada en los accidentes de tránsito.
Diversos análisis citados en estudios sobre movilidad indican que entre el 68 % y el 70 % de las muertes en accidentes de tránsito involucran motocicletas.
Esto significa que, aunque no todos los conductores utilizan este tipo de vehículo, las motos concentran la mayor parte de las víctimas fatales en las carreteras.
Las razones son múltiples.
Los motociclistas están más expuestos físicamente en caso de choque, suelen circular entre vehículos en vías congestionadas y, en muchos casos, no cuentan con la misma protección que un automóvil.
El casco: la infracción más frecuente
Las estadísticas de tránsito muestran otro dato relevante.
Entre 2018 y 2020, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) registró 636,451 multas por no utilizar casco protector, según datos citados en el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial.
Esta falta representó aproximadamente 26 % de todas las infracciones del período, convirtiéndose en la violación de tránsito más frecuente.
Los datos más recientes mantienen la misma tendencia.
El informe estadístico de DIGESETT correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2025 registró 171,030 infracciones por no usar casco protector, la cifra más alta entre todas las faltas de tránsito registradas en ese período.
Un problema que también llega a los hospitales
Las consecuencias de los accidentes no se reflejan únicamente en las estadísticas policiales.
También se ven en los hospitales.
Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) del Ministerio de Salud Pública indican que cada año más de 100,000 personas reciben atención médica por lesiones relacionadas con accidentes de tránsito.
Entre 2016 y 2020, las cifras oficiales registraron:
- 105,873 lesionados en 2016
- 97,821 en 2017
- 109,705 en 2018
- 112,177 en 2019
- 83,520 en 2020
Las estadísticas más recientes muestran cifras similares.
El Observatorio de Seguridad Vial reportó:
- 136,828 lesionados en 2024
- 104,666 lesionados en 2025
En muchos casos, los pacientes presentan fracturas múltiples, traumatismos craneales o lesiones internas graves.
Jóvenes en el centro de la crisis
Las víctimas de accidentes de tránsito en República Dominicana también comparten un perfil demográfico claro.
Según el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2021-2030, alrededor de:
- 88 % de los fallecidos son hombres
- 60 % de las víctimas tienen entre 15 y 39 años
Es decir, el problema afecta principalmente a jóvenes en edad productiva.
Las consecuencias se extienden más allá de los accidentes mismos.
Las lesiones graves pueden generar discapacidades permanentes, pérdida de ingresos familiares y altos costos médicos.
El costo económico de la siniestralidad
Los accidentes de tránsito también representan una carga económica significativa para el país.
La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial utilizan metodologías internacionales para estimar el impacto económico de la siniestralidad vial.
Según estos organismos, los accidentes de tránsito suelen costar a los países entre 2 % y 3 % de su producto interno bruto.
Aplicando ese rango al caso dominicano, analistas estiman que el impacto económico de los accidentes podría rondar 130,000 millones de pesos al año, equivalente aproximadamente a 2.2 % del PIB nacional.
Estos costos incluyen:
- atención médica
- daños materiales
- pérdida de productividad laboral
- servicios de emergencia
- procesos judiciales asociados a accidentes
La respuesta del Estado
Frente a este panorama, el gobierno dominicano ha comenzado a impulsar reformas para mejorar la seguridad vial.
Entre ellas se encuentra el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, cuyo objetivo es reducir las muertes por accidentes en 50 % para el año 2030.
Las autoridades también han comenzado a aplicar herramientas contempladas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entre ellas el sistema de licencia de conducir por puntos.
Este mecanismo establece que cada conductor dispone de un número limitado de puntos en su licencia.
Cada infracción resta puntos, y si el conductor pierde todos, puede enfrentar la suspensión de su licencia.
La idea es crear consecuencias acumulativas para quienes violan repetidamente las normas de tránsito.
Un desafío más profundo que las leyes
Sin embargo, los especialistas en movilidad señalan que mejorar la seguridad vial no depende únicamente de nuevas normas.
Reducir los accidentes requiere también:
- educación vial
- infraestructura más segura
- mayor fiscalización
- cambios en el comportamiento de los conductores
En un país donde las motocicletas se han convertido en el vehículo más común, ese desafío es aún mayor.
El ruido constante de los motores
Al caer la tarde, el ruido de los motores vuelve a llenar las avenidas.
Miles de motocicletas circulan al mismo tiempo por las calles del país.
Para muchos dominicanos, representan movilidad, trabajo y rapidez.
Pero también reflejan una realidad más compleja.
Un país donde la motocicleta se convirtió en el vehículo dominante del tránsito y, al mismo tiempo, en el centro de una crisis vial que cada año cobra miles de vidas.
