Una decisión de madrugada que sacude los cimientos del Estado
Reporte especial | Caso SeNaSa
La noche aún no cedía cuando, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se selló una de las decisiones judiciales más contundentes del año. Mientras el país dormía, el sistema de justicia marcaba un punto de inflexión en el caso que el Ministerio Público ha bautizado como “Operación Cobra”. Tras una audiencia que se prolongó hasta la madrugada, el juez Rigoberto Sena ordenó prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y su núcleo más cercano, enviando una señal inequívoca sobre el manejo de los recursos públicos.
Estos son los hechos que definen la agenda nacional de este lunes 15 de diciembre.
1. La decisión: 18 meses de prisión preventiva
El tribunal acogió en todas sus partes la solicitud del Ministerio Público. El juez Sena impuso 18 meses de prisión preventiva al doctor Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de SeNaSa, junto a otros seis imputados. Todos deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que la única mujer procesada será trasladada a Najayo Mujeres.
Durante la audiencia, el magistrado rechazó los argumentos de la defensa relacionados con presuntas condiciones de salud que impedirían la reclusión, al considerar que no existían elementos suficientes que desvirtuaran la necesidad de la medida, dada la gravedad de los cargos.
2. “Una traición a la confianza pública”
El fallo fue más allá del plano estrictamente jurídico. En sus motivaciones, el juez calificó los hechos como una traición a la confianza del Estado y de la ciudadanía, subrayando el impacto social del presunto entramado de corrupción.
Según lo expuesto en audiencia, el esquema habría provocado un desfalco superior a los RD$15,000 millones, afectando directamente al sistema de salud y, en particular, a los sectores más vulnerables que dependen del seguro estatal. Esta valoración fue clave para respaldar la tesis del Ministerio Público de que se trata de un crimen de alto impacto social.
3. La excepción: colaboradores bajo arresto domiciliario
No todos los imputados enfrentarán la prisión de inmediato. El tribunal dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica para tres acusados, entre ellos el empresario Eduardo Read Estrella.
La diferencia fue clara: estos imputados admitieron los hechos y colaboraron activamente con la investigación. El Ministerio Público confirmó que sus declaraciones y aportes documentales resultaron determinantes para reconstruir el esquema de corrupción, lo que les permitió acceder a una medida de coerción menos severa, aunque continúan vinculados formalmente al proceso penal.
4. Caso complejo: vía libre para profundizar la investigación
El juez también declaró el expediente como caso complejo, una decisión clave en términos procesales. Esta calificación otorga a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) plazos ampliados para fortalecer la acusación.
Con esta luz verde, los fiscales disponen de más tiempo para rastrear la ruta del dinero, auditar contratos y operaciones, y consolidar una acusación formal capaz de sostener las cifras multimillonarias presentadas en esta fase preliminar.
Claves del fallo
La decisión del juez Rigoberto Sena reconfigura el tablero político y judicial. Al enviar a prisión preventiva a la máxima autoridad de la pasada gestión de SeNaSa, el Poder Judicial valida, en esta etapa inicial, la solidez del expediente presentado por el Ministerio Público.
La jornada deja un mensaje claro: la colaboración eficaz se consolida como una herramienta central para romper pactos de silencio en casos de corrupción, mientras la ciudadanía despierta con la confirmación de que el proceso judicial avanza con consecuencias reales.
