Santo Domingo, R.D. El Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), institución que trabaja en el empoderamiento de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en el país, advirtió sobre la importancia de crear políticas públicas orientadas a fortalecer las acciones a favor de los derechos, la salud y la justicia para las mujeres.
“Estas políticas son sumamente importantes, porque, según el informe: “Violencia, Muerte y Desapariciones de Mujeres Trabajadoras sexuales en el entorno laboral de la República Dominicana”, presentado este año por nuestra institución, las mujeres trabajadoras sexuales enfrentan múltiples formas de violencia estructural e institucional”, denunció Carmen Lorenzo, presidenta de MODEMU, durante el Foro Nacional: “Mujeres, Salud y Justicia”.
Lorenzo explicó que la violencia en el ámbito laboral para las trabajadoras sexuales se manifiesta en diversas formas, incluyendo acoso, agresiones físicas y sexuales, y condiciones laborales precarias.
“Esta situación se refirma en la cantidad de denuncias documentadas por MODEMU desde el año 2018, así como datos suministrados por el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados-ODHGV; entre ambas organizaciones reportan al menos 150 casos de agresiones contra trabajadoras sexuales cisgénero y transexuales de parte de clientes, miembros de la Policía Nacional (P.N.) y agentes de la Policía Turística (POLITUR)”, afirmó.
Feminicidios y desapariciones
Según el Informe, las trabajadoras sexuales también están en riesgo elevado de sufrir feminicidios y desapariciones, fenómenos que a menudo no son adecuadamente investigados ni registrados.
Organizaciones como Comunidad de Trans- Travestis Trabajadoras Sexuales Dominicanas (COTRAVETD), la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRASEX) y Trans Siempre Amigas (TRANSSA) han, documentado decenas de casos de asesinatos, desapariciones y abusos sin respuestas de las autoridades judiciales.
Dichas instituciones afirmaron que entre 2020 y 2025 se han reportado múltiples muertes violentas de trabajadoras sexuales, especialmente mujeres cisgénero, mujeres trans y migrantes, sin esclarecimiento ni sanciones judiciales
“La falta de datos desagregados y la subnotificación de estos casos dificultan la visibilización y el abordaje efectivo del problema. Además, la violencia extrema contra nuestras compañeras suele estar relacionada con la impunidad y la falta de acceso a la justicia”, afirmó
De igual manera, las mujeres trabajadoras sexuales enfrentan discriminación múltiple debido a su género, ocupación, condiciones socioeducativas, orientación sexual, identidad de género y, en muchos casos, su condición de migrantes.
“Esta interseccionalidad agrava su vulnerabilidad y limita su acceso a servicios básicos, protección legal y oportunidades económicas”, lamentó.
Monetización y Cosificación
En ese mismo tenor, Jacqueline Montero, diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la Circunscripción 3 de San Cristóbal, quien siempre se ha caracterizado por su activa labor legislativa y de defensa de derechos humanos, destacándose por su fuerte condena a la explotación sexual infantil y su compromiso con las trabajadoras sexuales, denunció un tipo de violencia que no es muy visibilizada.
“Se trata de la monetización y cosificación de las mujeres. Por ejemplo, cuando un negocio se promociona diciendo: “Tenemos playas y hermosas mujeres”, ahí nos están promocionando como si fuésemos un artículo, no seres humanos, y nosotras no vendemos nuestro cuerpo, si no un servicio”, externó Montero.
“La cosificación -continúa Montero- surge de la estigmatización social y la clandestinidad impuesta por políticas públicas que confunden el trabajo sexual consentido con la trata de personas, un entramado de poder que criminaliza y estigmatiza su labor, negándoles reconocimiento como sujetos de derechos”.
Salud sexual y reproductiva, acceso desigual a servicios de salud
El Informe también detalla que las trabajadoras sexuales a menudo experimentan actitudes discriminatorias por parte del personal de salud, lo que puede manifestarse en la negación de atención médica, divulgación no autorizada de resultados de pruebas de VIH y trato irrespetuoso.
“Estas prácticas violan sus derechos humanos y desalientan la búsqueda de atención médica, aumentando su vulnerabilidad al VIH y otras ITS. Muchas trabajadoras sexuales carecen de documentos de identidad oficiales, lo que limita su acceso a servicios de salud y programas de prevención del VIH”, explicó Lorenzo
En tal sentido, la titular de MODEMU explicó que la falta de documentación puede ser resultado de múltiples factores, incluyendo la marginación social y la discriminación institucional. Por igual, la vigilancia y criminalización indirecta del trabajo sexual, contribuyen a un entorno hostil para las trabajadoras sexuales.
“El temor por ser arrestadas, disuade a muchas de buscar servicios de salud, especialmente aquellos relacionados con el VIH y las ITS. Adicionalmente, esto puede repercutir en la falta de atención temprano en otras comorbilidades”, finalizó.
