SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público acusó al diputado por Santiago del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Gregorio Domínguez Domínguez, de violencia contra la mujer en perjuicio de una ciudadana norteamericana identificada como Anabella Starnes y solicita la apertura a juicio contra el legislador.
El diputado Domínguez Domínguez está siendo acusado por el Ministerio Público de violación de los artículos 309, 309-1, 309-3, acápites B-C-E-F, que castigan la violencia contra la mujer en todas sus formas y el artículo 310 del Código Penal Dominicano en perjuicio de la señora Starnes, según el expediente.
La solicitud de apertura a juicio es realizada por la procuradora adjunta de la Procuradora General de la República, Isis De La Cruz Duarte y el procurador general de Corte, Melquiades L. Suero, ante la Suprema Corte de Justicia. El acta de acusación tiene fecha del 24 de julio de 2023.
El Ministerio Público asegura que la agresión contra Anabella Starnes habría ocurrido en fecha 12 de mayo 2021 en Puerto Plata cuando junto a su esposo Dennis Lee Starnes (hoy fallecido) fueron supuestamente agredidos por el legislador y un grupo de hombres.
Defensa
Al ser consultado por Diario Libre sobre el caso, el abogado de la defensa del imputado, Valentín Medrano, calificó las acusaciones como falsas y dijo que están basadas en testimonios interesados o comprados.
“Lo primero que yo quiero deplorar es la falta de objetividad en el Ministerio Público y lo peor es que se produzca a la altura de la Procuraduría General de la República, o sea, de procuradores adjuntos o que hacen a veces de adjunto de la Procuraduría General de la República, que se niegan a hacer una investigación. Es penoso, muy penoso, que los fiscales, cuando tienen un interés marcado, miren hacia los lados y es lamentable que a una persona como el diputado Gregorio Domínguez, de quien claramente le han levantado falsas acusaciones basadas en testimonios interesados o comprados, coptados por el interés”, sostuvo.
Recordó que el legislador fue declarado no culpable en un reciente proceso (octubre de 2022) en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) luego de ser acusado por el Ministerio Público de ejecución ilegal de un desalojo.
