SANTO DOMINGO.- Contingentes de la Policía Nacional se encuentran desde tempranas horas de este miércoles apostado frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y sus inmediaciones, donde por tercera vez se intentará conocer la solicitud de medida de coerción a los implicados en la Operación Calamar.
Los uniformados han cerrado varias vías de acceso al juzgado, a los fines de prevenir incidentes y contener eventuales manifestaciones de militantes y seguidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
A los arrestados en la Operación Calamar, el Ministerio Público le imputa ser parte de una red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.
Según el expediente acusatorio, los miembros de la supuesta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Entre los que los imputados por el órgano de justicia se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
