Dice tratan de evadir responsabilidad mediante campaña de descredito y calumnia en su contra usando a gremios
SANTO DOMINGO.- Miguel Surun Hernández, abogado de la familia de la recién nacida sustraída el pasado 21 de enero de la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, denunció que sectores a lo interno del Ministerio de Salud Pública se encuentran inmersos en una campaña de calumnias y descrédito en su contra, usando a dirigentes gremiales, como el de las enfermeras.
Dijo que la campaña no solo tiene el fin de evadir la responsabilidad de las autoridades de salud por las pésimas condiciones en que operan los hospitales en servicios de salud y materia de seguridad.
En ese sentido, el también gremialista, emplazó a cualquier persona a que presente video, documento o nota de voz, donde acuse a enfermeras o médicos de ser parte de banda criminal dedicada al tráfico de menores.
“Estamos conscientes de las condiciones precarias en que desarrollan sus labores los profesionales de la salud, los cuales merecen mayor apoyo por parte del Gobierno, por lo que es una víl mentira lo expresado por determinados líderes gremiales ligados al partido oficialista” dijo Surun Hernández.
Recordó, además, que el propio director del Servicio Nacional de Salud reveló que hubo negligencia en la seguridad del hospital donde se perpetró el robo de la menor, lo cual confirma su denuncia y el clamor de la familia para que se profundice la investigación para confirmar si hubo complicidad y determinar los posibles responsables.
“Es lo que siempre hemos solicitado, que se determinen responsabilidades, pues no hay forma posible de explicar que una persona con supuesto problemas mentales, sin conocimiento de medicina alguno, burle la seguridad de un hospital, y peor utilice un gafete de médico para no ser revisada, a sabiendas que existe una prohibición de revisar a los galenos del centro de salud” apuntó el jurista.
Expresó, que desde hace más de 15 años asiste gratuitamente a personas de escasos recursos económicos de manera desinteresada, a través de su oficina comunitaria “Casa Jurídica del Pueblo”, ubicada en el segundo nivel de avenida San Vicente de Paul No.125 en Los Mina, del movimiento Únete y de las personas que acuden a los medios de comunicación en donde participa.
Lamentó que personas inescrupulosas traten de sacarle un filo político al dolor de una familia, afectando mediante mentiras al único que acudió en su ayuda.
“Fuimos bastante claros al establecer que tanto el video filtrado por las autoridades, como las características de la señora presentada como única autora material no encajaban en la complejidad del crimen, por lo que lucía un montaje, pues no hay forma de explicar que una persona con aparentes problemas mentales va a tener la capacidad de burlar la seguridad del hospital usando uniforme del personal del centro de salud y el gafete que la identificaba como médico para que no le revisen los bultos, y todo para tener un hijo, a pesar de ya tener tres”, indicó.
Aseguró que no acusó a nadie en particular, al precisar que la racionabilidad ameritaba una investigación profunda y reforzamiento de la seguridad hospitalaria del país y que la prueba de lo expresado se encuentra en los videos de la rueda de prensa del lunes.
