Entre reformas, educación y responsabilidad ciudadana, el país busca una salida a una crisis que cada año deja miles de víctimas
SANTO DOMINGO.- En una intersección cualquiera de la capital, el semáforo cambia a rojo y el tráfico se detiene por unos segundos. Un motorista se adelanta entre los carros y logra cruzar antes de que la fila avance. Detrás de él, otros conductores intentan hacer lo mismo.
A pocos metros, un peatón espera el momento adecuado para cruzar la avenida. La escena dura apenas unos segundos, pero se repite miles de veces cada día en las calles dominicanas.
Durante años, el tránsito del país ha funcionado así: una mezcla de prisa, improvisación y reglas que muchas veces se interpretan más como sugerencias que como obligaciones.
Pero detrás de esa rutina existe una realidad que ha marcado a miles de familias.
Cada año, los accidentes de tránsito dejan miles de muertos y más de cien mil personas lesionadas en la República Dominicana.
Y aunque esas cifras suelen aparecer en informes técnicos o reportes estadísticos, sus consecuencias se ven con mayor claridad en otros lugares.
En las carreteras donde ocurren los choques.
En las salas de emergencia de los hospitales.
Y en los hogares de las familias que deben enfrentar las consecuencias de un accidente inesperado.
Un problema que el país ya conoce
Las cifras acumuladas durante años han dejado claro que la seguridad vial se ha convertido en uno de los principales desafíos de movilidad del país.
Según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la República Dominicana tenía más de 6.1 millones de vehículos registrados en 2024.
Más de la mitad de ellos son motocicletas.
En total, 3.5 millones de motocicletas representan cerca del 57 % del parque vehicular nacional.
Este crecimiento ha facilitado la movilidad de millones de personas, pero también ha incrementado la exposición al riesgo en las carreteras.
Al mismo tiempo, los hospitales continúan recibiendo un alto volumen de víctimas de accidentes.
Y el impacto económico de la siniestralidad vial, de acuerdo con estimaciones basadas en metodologías utilizadas por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, puede representar alrededor del 2 % del producto interno bruto nacional, una cifra que se acerca a 130,000 millones de pesos anuales.
Pero más allá de los números, cada accidente tiene consecuencias que van mucho más allá del lugar donde ocurrió el choque.
Un trabajador que no puede volver a su empleo.
Una familia que enfrenta gastos médicos inesperados.
Un hospital que destina recursos a una emergencia que pudo haberse evitado.
Las herramientas que ya existen
Frente a esta realidad, el país ha comenzado a construir un marco institucional para enfrentar el problema.
La base de ese sistema es la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que reorganizó el sistema de transporte y creó nuevas instituciones para regular el tránsito.
A partir de esa ley se elaboró el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2021-2030, desarrollado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
El plan plantea un objetivo ambicioso: reducir en un 50 % las muertes por accidentes de tránsito para el año 2030.
Para lograrlo propone acciones en distintos niveles.
Mayor fiscalización del tránsito.
Programas de educación vial.
Modernización del sistema de sanciones.
Y el uso de tecnología para registrar infracciones y mejorar el control del tránsito.
La lógica de la licencia por puntos
Una de las herramientas previstas en la Ley 63-17 es el sistema de licencia de conducir por puntos.
El mecanismo busca cambiar la forma en que se sancionan las infracciones.
En lugar de multas aisladas, cada violación de tránsito resta puntos en la licencia del conductor. Cuando esos puntos se agotan, la licencia puede ser suspendida.
El objetivo es que las sanciones no se perciban como un simple pago que permite seguir conduciendo de la misma manera, sino como una advertencia acumulativa que puede terminar con la pérdida del derecho a manejar.
Este modelo se aplica en distintos países como una forma de incentivar el cumplimiento de las normas.
El desafío más difícil: cambiar hábitos
Pero los especialistas en seguridad vial coinciden en que las leyes por sí solas no transforman el tránsito.
La seguridad vial también depende de hábitos.
Durante décadas, muchos conductores dominicanos aprendieron a manejar de manera informal, sin una formación estructurada sobre normas de tránsito.
Por esa razón, los planes de movilidad incluyen programas de educación vial, campañas de concienciación y formación para nuevos conductores.
El objetivo es que las normas de tránsito no se vean solo como una obligación legal, sino como una práctica cotidiana.
Decisiones que ocurren todos los días
En las calles del país, la seguridad vial se construye en pequeñas decisiones.
Un conductor que reduce la velocidad antes de una intersección.
Un motociclista que utiliza casco protector.
Un peatón que cruza por un paso habilitado.
Son decisiones simples, pero cuando se multiplican por millones de trayectos diarios pueden cambiar la forma en que funciona el tránsito.
El cambio que aún está por verse
Las herramientas para mejorar la seguridad vial ya existen.
Las leyes están aprobadas.
Las instituciones encargadas de aplicar las normas están definidas.
Los planes de seguridad vial han sido diseñados.
El desafío ahora consiste en algo más complejo.
Convertir esas normas en cambios visibles en las calles.
Si las reformas logran aplicarse de forma constante y si la cultura de conducción comienza a transformarse, las cifras de accidentes podrían empezar a disminuir en los próximos años.
Ese será el indicador más claro de que el sistema comienza a cambiar.
Porque al final, la seguridad vial no se mide únicamente en leyes o estrategias.
Se mide en algo mucho más concreto.
En si cada vez menos familias reciben una llamada desde un hospital informando que alguien sufrió un accidente en la carretera.
