El desafío silencioso de las familias dominicanas frente al costo de vida, la vivienda y la seguridad.
SANTO DOMINGO.- Santa Suero vive en Santo Domingo Oeste y desde hace años sueña con tener una vivienda propia. Pero este 2026, ese objetivo parece más lejano que nunca. El aumento salarial que entró en vigor en febrero apenas le alcanza para cubrir una parte del supermercado.
“La vida es difícil. Los sueldos suben, pero no alcanza para nada”, dice mientras repasa mentalmente los gastos del mes.
En su casa no se habla de crecimiento económico ni de récords turísticos. Se habla de cuánto costará el gas la próxima semana, de si conviene comprar el arroz ahora o esperar, de qué factura puede posponerse unos días más. El inicio del año no trajo alivio: trajo una nueva lista de precios.
Mientras los hoteles reportan cifras históricas y los indicadores oficiales muestran estabilidad macroeconómica, en barrios como el suyo la economía se mide de otra manera: en lo que alcanza y en lo que falta.
El aumento salarial que comenzó a aplicarse en febrero de 2026 fue el último tramo del ajuste acordado el año pasado. En total, el incremento acumulado alcanzó un 20%, con un 8% correspondiente a este año. En términos nominales representa un avance. En la práctica, para muchos hogares sigue siendo insuficiente frente al costo real de la vida.
A finales de 2025, la canasta familiar nacional superaba los RD$48,541. Para los trabajadores de microempresas, cuyo salario ronda los RD$16,933 tras el aumento, la diferencia es clara: no cubre ni siquiera la canasta del quintil más bajo, estimada en más de RD$29,000. Solo el salario mínimo más alto logra aproximarse a cubrir las necesidades básicas de la población de menores ingresos.
La brecha no es solo estadística. Es cotidiana. Se traduce en decisiones pequeñas pero constantes: elegir entre proteínas o carbohidratos, entre ahorrar o endeudarse, entre pagar puntual o asumir recargos.
Para Santa Suero, reunir el inicial de una vivienda es hoy una meta que parece inalcanzable. “Imagínate tú cómo puede uno con estos precios tan altos. Uno va con 15,000 pesos al supermercado y eso no da ni para la semana”, dice.
Si el salario apenas alcanza para cubrir lo básico, pensar en una vivienda propia se convierte en un desafío mayor.
En los últimos años, el mercado inmobiliario ha cambiado de forma significativa. El precio promedio de una vivienda formal supera los RD$6 millones, mientras que la oferta de unidades de bajo costo —por debajo de los RD$3 millones— se ha reducido considerablemente. Para la clase media y los trabajadores formales, el acceso a una propiedad se ha vuelto cada vez más distante.
El principal obstáculo no es solo la cuota mensual del préstamo, sino el inicial. Reunir entre un 10% y un 20% del valor de un inmueble implica ahorrar montos que, en muchos casos, superan el ingreso anual de un hogar promedio.
La consecuencia es visible: más familias permanecen en alquiler durante años o se desplazan hacia la periferia, alejándose de sus lugares de trabajo y de los servicios básicos. El sueño de la vivienda propia no desaparece, pero se aplaza indefinidamente.
A la presión económica se suma otra preocupación constante: la seguridad.
“La delincuencia es un azote. El año pasado se me metieron en la casa y me robaron una televisión y la parrilla con la que me buscaba mis chelitos los sábados”, cuenta Santa.
En los primeros 19 días de 2026 se registraron 55 homicidios y 2,857 denuncias de robos en el país, según datos oficiales. Aunque las autoridades sostienen que existe una tendencia a la baja en comparación con años anteriores, la percepción ciudadana sigue marcada por la incertidumbre.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, señaló que el 41.8% de los homicidios está vinculado a conflictos sociales, por encima de la delincuencia común. El dato refleja una tensión que va más allá del crimen organizado y se instala en disputas cotidianas.
Al mismo tiempo, la Policía Nacional enfrenta el desafío de recuperar la confianza pública tras episodios de uso excesivo de la fuerza documentados en 2025. Para muchos ciudadanos, la seguridad no se mide solo en estadísticas, sino en la sensación de protección —o desprotección— al salir a la calle.
Más allá del salario y la vivienda, el país enfrenta desafíos estructurales que siguen condicionando el futuro de miles de familias.
Uno de cada cinco adolescentes es madre o está embarazada. Con una tasa de 77 nacimientos por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años, la República Dominicana continúa por encima del promedio regional. La maternidad temprana no es solo un dato demográfico: reduce oportunidades educativas y laborales y refuerza ciclos de pobreza que luego reaparecen en los mismos hogares que intentan sostenerse con ingresos limitados.
En paralelo, la salud mental gana espacio en la conversación pública. La depresión afecta al 4.7% de la población y la ansiedad al 5.7%. El Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Salud Mental 2026–2030, con la línea 8-1-1 disponible las 24 horas y la promesa de un Instituto Nacional de Neurociencia. El reto, sin embargo, no es solo construir infraestructura, sino garantizar acceso efectivo y prevención comunitaria.
A esto se suma una crisis persistente de confianza. Casos recientes de presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) han generado indignación y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. Aunque el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 mostró avances para el país, la desconfianza ciudadana no desaparece al ritmo de los indicadores.
Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, el margen fiscal del Estado es limitado. El servicio de la deuda restringe la inversión en sectores clave como educación y salud.
Para familias como la de Santa Suero, todo eso se traduce en algo más concreto. En la libreta donde anota sus gastos no aparecen porcentajes ni índices internacionales. Solo cifras escritas a mano y cuentas que, hasta ahora, no terminan de cerrar.
